La formación de demanda en el 2010

Como todo el mundo sabe las empresas disponen de un crédito para realizar acciones formativas según sus necesidades, lo que se conoce como formación de demanda. Es algo conocido, ya hablamos en el pasado aquí (Ahorrar en formación) de este tema.

Hay un elemento sin embargo que me inquieta de cara al futuro. El cálculo del crédito de que dispone cada empresa se hace en base fundamentalmente a la masa salarial, la cifra por la que se pagan las cotizaciones a la seguridad social. Y esta cifra tiene dependencia directa del número de empleados. O sea, todas aquellas empresas que han reducido sus plantillas dramáticamente o lo van a hacer en los próximos meses verán como su base de cálculo se reduce en la misma proporción. Y por supuesto, el crédito será menor en una proporción bastante directa.

Si una empresa está interesada en intuir lo que le puede pasar la propia Fundación Tripartita ofrece un simulador de cálculo...

Esto podría tener cierta lógica. Es decir, si tengo menos empleados pues bien, se supone que también tendré menos necesidades de formación. Pero claro, las empresas que necesiten volver a contratar empleados para hacer frente al crecimiento de la demanda necesariamente deberán hacer de nuevo un esfuerzo importante en formación de acogida, de adaptación y adiestramiento en el puesto de trabajo. Un caso claro es la industria la cual además ha visto reducir de forma importante el número de empleados. Es de prever pues que llegada la circunstancia deban emplear de nuevo ingentes esfuerzos en formar a nuevos empleados ya que dentro de las consecuencias de la reducción de plantilla está la pérdida de conocimiento acumulado en la organización.

Será precisamente en un momento en el que la economía que algunos llaman "real" deba redoblar sus esfuerzos en aumentar la plantilla cuando más dificultoso tendrán acceder a fondos para la formación. Aprovecho para apuntar algunas propuestas, que no se diga que no se proponen soluciones:

• El cálculo del crédito tiene un coeficiente de reducción que va directamente relacionado al tamaño de la plantilla. Hace tiempo que se viene reclamando que estos coeficientes sean menos severos. En el caso de una empresa de más de 250 trabajadores, por ejemplo, el coeficiente es del 50%. Se supone que este hecho es para primer a las pymes y micropymes, pero eso es bastante discutible.

• El dato demoledor es que sólo el 30% de los fondos se destinan a la formación de demanda, el resto va a parar a la formación de oferta para trabajadores ocupados o no, de la que sindicatos y patronales son comisionados y comisionistas. Basta con modificar esta proporción para que los coeficientes de reducción hagan que llegue más dinero para financiar acciones formativas a medida.

• Los colectivos llamados prioritarios deben estar igualmente representados (en número, no en horas) en la formación que se imparte. En el caso de nuevas contrataciones, con bastante probabilidad por debajo de los 45 años esto puede acabar siendo una importante limitación más al crédito disponible. Esta limitación es en parte absurda ya que cuenta igual un trabajador que haga 500 horas que uno que haga 6 horas; sólo cuenta que sea participante.
  

• Mayor eficacia. No puede ser que la aplicación informática tarde cuatro meses en estar disponible. No puede ser que las empresas no puedan conocer su crédito "oficial" hasta hoy 24 de junio. No puede ser que la teleformación no contemple que el tutor pueda tutorizar teletrabajando. No puede ser que se esté más pendiente de un logotipo que del resultado de la formación. No puede ser que se pidan los mismos datos sobre trabajadores una y otra vez. No puede ser que las entidades organizadoras tengan que entrar los datos cada principio de año de todas sus empresas clientes...

Estamos en posiciones de cola en lo que respecta a formación continua para trabajadores en comparación con el resto de países europeos. Eso por no hablar de cuál es la distribución por sectores de nuestro PIB. En este contexto será especialmente relevante ser capaces de ofrecer la formación adecuada y de forma que impacte en el máximo número de empleados posible.

Falta mucho tiempo, es cierto. Pero si nuestros ágiles políticos y administración pública no se ponen las pilas llegará el momento y estaremos en las mismas, quejándonos de un mal sistema muy imperfecto. Así que por favor, por una vez que se avancen a los problemas y eviten andar reaccionando a remolque continuamente.

Llámenme ingenuo, pero por pedir que no sea...

Ahorrar en formación

En este año 2009 muchas empresas están reduciendo el gasto (¿o la inversión?) dedicada a la formación continua para sus empleados. Sin duda esto tendrá impacto en su futuro a medio plazo, cuando la crisis empiece a remitir y los primeros que saldrán de ella serán los que estén mejor preparados. Aquellas organizaciones que sepan aprovechar este extraño tiempo tendrán ventaja sobre las demás.

Algunas empresas sin embargo están exprimiendo las posibilidades que ofrece la administración para financiar estas actividades (formación de oferta, planes sectoriales e intersectoriales, permisos individuales de formación, acciones complementarias, programas autonómicos, etc.).

En concreto, la formación bonificada está experimentando un auténtico auge. Muchas empresas que hasta ahora simplemente no utilizaban este sistema se están dando cuenta de la oportunidad que han ido dejando pasar y ahora es el momento de no perdonar ni un euro. Sin embargo todavía es un vía muy desconocida.

Las empresas disponen de un saldo económico (se le llama crédito incorrectamente) para financiar la formación a sus trabajadores. Este importe depende fundamentalmente de la cifra ingresada en concepto de cotización por formación profesional durante el ejercicio anterior y reducida según el número de trabajadores. Es decir, influye el tamaño de la empresa, de su plantilla y de los salarios que ésta pague. Además las empresas deben ofrecer la participación en las acciones formativas a los colectivos prioritarios (pymes, mayores de 45, mujeres, personas con baja cualificación) en la misma proporción que el tamaño de la plantilla.

Durante el 2007 un total de 190.000 empresas emplearon éste sistema para financiar en totalidad o en parte su plan de formación, con un incremento del 50% sobre el año anterior. Asimismo el crédito dispuesto aumentó en un 30%. La diferencia se debe a la lenta pero firme incorporación de las pymes al sistema. Y eso que lo tienen muy complicado, una empresa de 3 trabajadores tendrá 420€ para gastar a lo largo de todo el año...

Por poner un ejemplo real:

• Empresa dedicada a la manufactura téxtil, pyme
• Número de trabajadores durante el 2007: 65
• Crédito asignado: 5.630 €

Está claro que este importe da para lo que da y que no es la panacea, pero es más de lo que muchas empresas destinan a cursos para sus trabajadores. Ojalá el importe fuese más alto, pero es lo que hay. De hecho la mayor parte de los esfuerzos presupuestarios se siguen dedicando a la formación de oferta y acciones complementarias, dejando la formación bonificada en sólo un 30% del total.

Servidor considera insuficiente esta proporción ya que traslada el grueso de los esfuerzos a la formación de oferta, la cual puede encajar a nivel local con lo que las empresas necesitan o no (objetivos, contenidos, duración, horarios...). Además en la formación de oferta no son exactamente las empresas las que inscriben, sino que son los participantes. Es decir, buena parte de los que participan en el sistema son ciudadanos que quieren mejorar su preparación profesional. No es una crítica, es un hecho.

Si esta proporción se invirtiera el crédito del que dispondrían las empresas sería mucho mayor y éstas podrían formar a sus empleados en aquellas específicas competencias que mejor contribuyen a mejorar su competitividad.

La gran ventaja con la formación bonificada es que es la propia empresa la que decide en qué se lo gasta. Por ejemplo, puede organizar un curso de inglés o de informática o de lo que le plazca en sus propias instalaciones, con los objetivos, contenidos, duración, horarios que más le convenga. Eso sí, como toda la formación subvencionada sujeto a inspecciones para comprobar que se hace un buen uso de los fondos.

Sin embargo, no todo es bonito en este sistema. Además de que las cuantías no son para tirar cohetes luego están los trámites administrativos. Una empresa dispone de dos vías para bonificar:

1. Hacerlo todo directamente a través de la web de la Fundación Tripartita. Sólo recomendado para empresas de cierto tamaño con recursos para conocer el sistema con detalle y mantenerse permanentemente actualizados.


2. Encargar la gestión a una Entidad Organizadora. Ver registro de CECAP.

Los trámites administrativos básicamente consisten en:

• Comunicación de los datos de empresa
• Comunicación de la acción formativa con todos los detalles
• Comunicación del inicio del grupo
• Comunicación de la finalización del grupo
• Aplicación de la bonificación
• Documentación: control de asistencia, diplomas, cartel de sala,etc.

Al final de todo el proceso la empresa puede descontarse a través del TC1 el importe correspondiente a las acciones formativas que hayan finalizado hasta el mes anterior a su presentación. Es decir, si ha hecho un curso que le cuesta X y debía ingresar Y, sólo ingresará Y-X.

Algunas asesorías laborales y gestorías ofrecen a sus clientes bonificarles los cursos. Bien, sólo se refieren en la mayoría de los casos a aplicar en el TC1 la deducción, pero no incluye todos los trámites. Ojo, porque cuando la FTFE consolide las liquidaciones seguro pueden reclamar el importe por no haber seguido todos los trámites.

En definitiva, se trata de un sistema muy imperfecto pero que en meses tan difíciles como estos puede contribuir a que la formación no se vea cancelada en bloque.